martes, 8 de julio de 2008

ALZA ELÉCTRICA AFECTA A LA AGROINDUSTRIA.


El alza de la tarifa eléctrica que entró en vigencia -que oscila entre 0.2 y 2.4 centésimos por kilovatio hora, en el caso de las empresas- ha puesto en jaque a más de un agroindustrial. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) estima que dos centésimos pueden representar un incremento de hasta 10% en las facturas eléctricas de sus afiliados.


La industria avícola, por ejemplo, está teniendo problemas para evitar que los nuevos costos de la energía se trasladen a los precios de sus pollos, huevos y derivados. Solo han pasado seis meses desde la última vez que la tarifa eléctrica aumentó. En ese momento el sector industrial percibió un incremento del 25% que inmediatamente fue trasladado a los consumidores.


Todo indica que la situación se repetirá, pero ahora los usuarios necesitarán algo más que el subsidio gubernamental para que el aumento no los afecte. Los comerciantes han manifestado que no están dispuestos a llevar una nueva carga. La situación se ha tornado difícil, los costos de producción se han incrementado en un 30% empujado principalmente por los precios de la electricidad.


Otro sector que se ha hecho eco a los aumentos eléctricos son los hoteleros. La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) estaba a la espera del ajuste tarifario que anunció la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) para reajustar los costos de sus habitaciones. Y es que los 64 millones de dólares que destina el Gobierno Nacional para subsidiar a los que consumen menos de 500 kilovatios no remedia la situación. Ya que los industriales trasladan todos sus costos de operación a los servicios que ofrecen. El sector eléctrico es uno de los tantos rubros que están agregados a la lista de los aumentos. Solo en el primer trimestre del año, el arroz y el petróleo se incrementaron en un 22.2% y 28.9% llevando a que la inflación tocara una tasa de 8.9%.

La Defensoría del Pueblo señaló que los aumentos eléctricos han desatado una especulación nunca antes vista en todas las actividades económicas del país. Para la Defensoria es necesario revisar los términos contractuales existentes entre las empresas eléctricas y el Estado, de igual manera develar los informes de estados financieros consolidados y auditados por parte de las empresas eléctricas que permitan verdadera transparencia y evitar incrementos innecesarios.

La CCIAP recomienda al Gobierno establecer tarifas especiales para las pequeñas y medianas empresas, acelerar los procesos administrativos de inversiones en el sector energía, comprar energía “potencial” para que en momentos como el actual pueda estar “en línea” para suministrar a la red y adelantar la integración energética con Colombia vía gasoducto y trayendo la energía eléctrica por mar.

Por lo visto el ahorro es la única salida ante una situación que cada día empeora. Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo es necesario una política energética más allá de los ahorros y subsidios estatales, que por el momento solo han servido como medidas paliativas. Y por el contrario se necesita una estrategia energética a largo plazo apoyada por un plan nacional discutido con amplia participación ciudadana.

MERCADO ALIMENTARIO