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Por: Lic. Rigoberto González
El sector agropecuario de Panamá se encuentra en una encrucijada estratégica, donde convergen la imperativa necesidad de asegurar la soberanía alimentaria y el desafío inaplazable de elevar su competitividad en los mercados internacionales.
Aunque su peso directo en el Producto Interno Bruto (PIB) se sitúa por debajo del 3% —reflectando una tendencia histórica a la baja frente al vertiginoso dinamismo de los servicios y la logística—, su verdadero valor económico, social y comercial radica en su capacidad insustituible para generar empleo formal y sustento a miles de familias en el ámbito rural (365,000 personas).
Cuando se analiza el impacto del sector más allá de la producción primaria y se incorpora el dinamismo de la agroindustria, la contribución real a la economía nacional supera con creces las cifras tradicionales (5.5% del PIB), consolidándose como un pilar fundamental para la estabilidad social y la mitigación de la desigualdad territorial en el país.
Retos Estructurales y Costos de Producción
El desarrollo del agro panameño enfrenta desafíos estructurales complejos que limitan su productividad y rentabilidad. Entre los principales obstáculos se encuentran la carencia de sistemas públicos de riego eficiente, la escasez de centros de almacenamiento adecuados y la ausencia de una cadena de frío completa que facilite la distribución de productos perecederos. A esto se suma el deterioro histórico de la red vial productiva, un factor crítico que encarece drásticamente el transporte y reduce el poder de negociación de los agricultores frente a los intermediarios.
La volatilidad internacional en los precios de los insumos y fertilizantes, sumada a la presión de la apertura comercial derivada de los tratados vigentes, genera una competencia asimétrica que exige respuestas institucionales firmes para la defensa de los productores nacionales y la revisión de los costos de producción.
Adicionalmente, la migración interna de jóvenes desde las provincias hacia los centros urbanos, impulsada por la búsqueda de mejores oportunidades socioeconómicas y salariales, ha mermado significativamente la fuerza laboral rural. Esta dinámica no solo afecta la continuidad de las labores agrícolas, sino que también acelera el cierre de centros educativos en el interior, profundizando la brecha regional.
Soluciones, Apoyo Institucional y Modelo Productivo
Para revertir estas vulnerabilidades, los tomadores de decisiones y los gremios empresariales coinciden en la urgencia de rediseñar la política agropecuaria mediante un enfoque integral. Las soluciones actuales transitan hacia el fortalecimiento del cooperativismo, la asistencia técnica especializada y el diseño de esquemas de financiamiento híbrido que mitiguen los riesgos climáticos y operativos del productor.
Iniciativas enfocadas en la formación técnica de nuevas generaciones —tales como centros especializados de capacitación y programas de crédito preferencial para jóvenes emprendedores— buscan asegurar un relevo generacional sólido en el campo, demostrando que la actividad agrícola puede ser rentable y atractiva para el talento joven.
Transformación de Productos Nacionales y Perspectivas Comerciales
En paralelo, Panamá avanza hacia un modelo agro productivo más diversificado y sostenible, donde la agricultura orgánica y la trazabilidad actúan como catalizadores de diferenciación en los mercados globales.
La apuesta central consiste en superar el modelo puramente primario mediante la transformación de productos nacionales con alto valor agregado, fomentando la industrialización y el empaque bajo estándares de calidad internacional.
El relanzamiento de estrategias comerciales y sellos de calidad como “Hecho en Panamá” refleja el compromiso gubernamental e industrial por potenciar las exportaciones nacionales. Rubros como la piña, el café, el cacao y la ganadería especializada evidencian el enorme potencial exportador del país.
Sostener este dinamismo requiere consolidar alianzas público-privadas que garanticen certidumbre jurídica, planificación basada en estadísticas confiables y un entorno propicio para la inversión, asegurando que el crecimiento económico del país se traduzca en bienestar duradero y cohesión social.
