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Por: Lic. Rigoberto González M. / Economista
Frente al panorama de informalidad laboral y los retos presupuestarios de las familias panameñas, el Estado ha impulsado una de sus iniciativas de intervención social más relevantes: las Tiendas del Pueblo. Gestionadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), estas instalaciones buscan transformar la distribución de alimentos de la canasta básica mediante un modelo permanente y de bajo costo.
Estructura del Proyecto
A diferencia de las tradicionales ferias libres itinerantes, que conllevan largas filas y limitaciones temporales, las Tiendas del Pueblo operan bajo un formato permanente y tecnificado. Equipadas con sistemas computarizados, cajas registradoras, uso de códigos QR, máquinas virtuales de cobro y galeras de inventario, estas tiendas operan de martes a viernes. Actualmente, establecimientos clave como los ubicados en Frigo (San Antonio) y Los Silos (Pan de Azúcar en San Miguelito), junto con la expansión en provincias como Veraguas, atienden semanalmente a unas 12,000 personas (aproximadamente 4,000 diarias en puntos de alta densidad).
El principal beneficio para la población radica en el acceso directo a productos esenciales —como arroz 100% panameño, azúcar morena y programas de proteínas— a precios considerablemente reducidos. Esta contención de precios alivia de forma directa el costo de vida de las comunidades vulnerables y reduce la dependencia de costosas cadenas de intermediación.
Financiamiento e Inversión Gubernamental
Para garantizar la sostenibilidad operativa y la transparencia contable, el proyecto cuenta con asignaciones específicas. Dentro de un presupuesto de 1.5 millones de dólares en inversión para 2026, se destinaron recursos para mejorar la infraestructura de las tiendas del IMA, entre otros proyectos. Asimismo, se han invertido fondos significativos en la instalación de máquinas fiscales (con un costo aproximado de $2,500 por unidad) y plataformas de trazabilidad, asegurando un control riguroso de inventarios y transacciones.
¿Competencia Desleal o Auxilio Social? El Debate Sectorial
El núcleo de la discusión entre gremios comerciales y las autoridades gubernamentales gira en torno al rol del Estado como operador comercial. Desde la óptica del mercado puro, los comerciantes argumentan que las Tiendas del Pueblo generan una competencia desleal. Señalan que el Estado comercializa productos subsidiados (arroz, aceite, sal, etc.) a precios que el comercio minorista privado no puede igualar, sumado a ventajas operativas como la exención de alquileres comerciales de mercado y planillas equiparadas.
Por otro lado, la posición oficial y de sectores de economía social defienden el proyecto como un auxilio social indispensable. Las tiendas se ubican estratégicamente en zonas de pobreza multidimensional y difícil acceso, donde los márgenes de ganancia privados son reducidos o el precio final se encarece por la logística de distribución.
Postura de Productores y del IMA
Para los productores nacionales, la relación con el IMA ha evolucionado hacia un esquema de colaboración más estrecho. Tras superar pasivos de vigencias expiradas desde 2014 y 2022, el IMA ha garantizado la compra de rubros 100% nacionales, como los 500,000 jamones navideños de porcinocultores locales y miles de quintales de cebolla de Natá y Azuero para evitar pérdidas por excedentes. Sin embargo, los productores mantienen una postura vigilante, exigiendo que el Estado priorice totalmente la producción local antes de evaluar cualquier importación. Por su parte, el IMA reafirma su rol como facilitador del desarrollo agropecuario, promoviendo programas como "Proteínas panameñas" para conectar de forma directa a la agroindustria y cooperativas con el consumidor final.
La Reforma Legal del IMA: Hacia la Modernización
Para dar certidumbre jurídica y transparencia al modelo, la propuesta de reforma a la Ley 40 de 1975 busca transformar estructuralmente la institución. Los pilares de esta reforma incluyen:
Puntos Clave de la Reforma:
• Autonomía y Despolitización: Fortalecer el carácter técnico del IMA para desvincular las compras públicas del ciclo político.
• Digitalización y Trazabilidad: Creación de plataformas en tiempo real para fiscalizar proveedores y precios.
• Enfoque Logístico: Transicionar de un "supermercado estatal" a un ente facilitador de la Cadena Fría.
• Subsidios Transparentes: Establecer reglas claras de activación para evitar pérdidas por gestión de inventarios.
En conclusión, las Tiendas del Pueblo representan un instrumento complejo de política pública. Comprender este ecosistema es clave para navegar un mercado donde la intervención estatal busca equilibrar la asistencia social con el fortalecimiento del agro nacional. Este proyecto representa tanto un desafío competitivo como una oportunidad de redefinir la cadena de suministro nacional.
